En México se empieza a librar una guerra contra los abusos del outsourcing—y con razón justificada. La llegada de la izquierda a México abrió un debate que parecía guardado en el amplio cajón de las injusticias perennes. Ahora, tras años de simulaciones y complicidades entre los empleadores y los inspectores laborales, la Cuarta Transformación ha emprendido un paso sigiloso pero decidido que parece suponer el ocaso del outsourcing.

         El mayor acierto de las iniciativas que buscan atender la imperiosa necesidad de regular el outsourcing y diezmar su prolífica expansión fue la apertura del ejercicio legislativo. Mediante foros de Parlamento Abierto que emulan la lógica y dinámica de las discusiones para la creación de la Guardia Nacional, estos debates socializarán a las empresas y trabajadores algunos de los vicios acumulados que hacen insostenible la persistencia de la actividad en los términos vigentes.

         La subcontratación debe tener límites, empezando por el respeto a las leyes laborales y los derechos de los trabajadores. Abusos como documentadas remuneraciones por debajo del salario mínimo nacional no solo merman el ingreso laboral, sino que además condenan al trabajador a recibir pensiones por debajo de la llana subsistencia. Ahora, el fin de las irregularidades busca incluso la retroactividad del pago de las empresas por el incumplimiento de sus obligaciones, de tal forma que las penalizaciones—onerosas, buscando desincentivar la práctica y erradicar de raíz los vicios marcando un precedente histórico—pueden llevar a las empresas no solo a la bancarrota moral, sino también al quiebre financiero. 

         Se estima que la afectación en la recaudación del IMSS por empresas que incurren al outsourcing irregular es de 21 mil millones de pesos en los últimos años. Es decir, el Instituto podría comprar 55 por cierto más medicamentos al año o construir 14 hospitales de segundo nivel. Cualquier avance en el cumplimiento de los derechos laborales será benéfico para el trabajador y para la salud de la población mexicana.

         Que del ejercicio parlamentario emane un principio ético insoslayable: nunca más se debe solapar el incumplimiento de las obligaciones del patrón con sus trabajadores. No solo lo marcan los cánones de la izquierda, sino también lo exige la moral y el decoro empresarial para la sana competencia y el bienestar de todos.

Mario Alberto Campa Molina.

Docente especializado en Política Económica (ITAM 2011 y Columbia 2015). 

Twitter: @mario_campa