En septiembre de 2012, el diario Excélsior publicó una nota muy interesante acerca del esquema de subcontratación. Comentaba que había un sinnúmero de empresas e instituciones que contribuyen al crecimiento de dichos esquemas, ya que sólo en 2008 ayudaron a 33 empresas a evadir 22 mil millones de pesos al fisco. Se hablaba de alrededor de 2300 empresas en esa situación. Además, se comentó de las intenciones del gobierno de Felipe Calderón, de regular las leyes laborales con la finalidad de acabar con los abusos que dichas empresas cometen. Ya desde entonces se nombraban a las empresas de Outsourcing como modernas esclavizadoras de trabajadores. También desde entonces ya se mostraban las incongruencias del mismo FECAL, ya que él mismo gobierno de Calderón creó su propia compañía de subcontratación, Fonatur Mantenimiento, para ligar contratos con oficinas de gobierno para servicios de limpieza y mantenimiento especializado, desde entonces, se sabía que el listado de clientes consideraba desde varias Secretarías federales, algunos gobiernos estatales, universidades, televisoras privadas, la misma Fonatur Operadores y el Senado de la República.

En ese entonces, también, el presidente del CCE, Coparmex, el presidente de la Concanaco-Servytur, Fernando Salgado de la CTM, Héctor Barba de la Unión Nacional de Trabajadores, entre otros, veían necesario impulsar reformas laborales que regularan estos problemas.

En este mismo artículo, se expuso que según el Seminario Permanente de Estudios de trabajo atípico de la UAM existen distintos tipos de Outsourcing. En esencia, estas empresas se encargan de servir como intermediarios para ofrecer a otras empresas un paquete de trabajadores que puedan realizar un trabajo específico. Se comenzó ofreciendo servicios de limpieza y de seguridad sin embargo se prestan las siguientes situaciones:

• Los empresarios contratan personal laboralmente necesitado y vulnerable a quien le ofrecen un salario mínimo por labores de limpieza y mantenimiento. La empresa de outsourcing vende más caro el servicio a su cliente quedándose con una parte del salario del trabajador que es quien realiza el trabajo y además no le ofrece ningún tipo de seguridad social.
• Las empresas que, sí pagan al menos las cuotas de seguridad social a sus trabajadores, aunque los despiden con frecuencia para que no generen ningún tipo de derechos.
• Las empresas que contratan personal especializado para bancos, laboratorios y personal a nivel de tomas de decisiones que trabajan para grandes empresas, pero no pertenecen a estas, por lo cual la ganancia de sus contratantes está libre de pagos de impuestos y prestaciones sociales.

Calderón propuso, más que medidas regulatorias, darle el “espaldarazo” al esquema de subcontratación, comenzó una etapa más oscura para México y sus trabajadores, le dejó planchado el camino a Enrique Peña Nieto, quien ya tenía resuelta la Reforma Laboral y de la cual se evitaría problemas, Pues Calderón ya iba de Salida.

Debido a que, en México, la mitad de los asalariados trabajaba por hora, carecía de un contrato de trabajo con un pago que iba de los 28 a 80 pesos diarios, o transitaba meses enteros en periodo de prueba sin protección jurídica y social de ningún tipo. Además de que había 16.7 millones de personas sin acceso a pensiones ya que no generaban antigüedad a pesar de tener años laborando, Felipe Calderón propuso reformas a la Ley Federal del Trabajo con la promesa de que esta mitad de trabajadores dejaran de padecer estas injusticias introduciendo las modalidades de contratación por hora, mes, trimestre o semestre, así como periodos de prueba para agilizar la creación de empleos y demostrar que no era necesaria la sindicalización para tener plaza en el sector privado.[1]

El 29 de septiembre de 2012, a las 4:00 am se aprueba la reforma laboral de Felipe Calderón. Se toma la tribuna por lo que se había considerado un “albazo” legislativo.[2]

La jornada, en Julio de 2013 aborda el tema del Outsourcing, con la Reforma Calderonista ya aprobada, comentando que esta reforma estableció tan solo dos condiciones para autorizar la forma de suministro de personal: que el contrato fuese por escrito y que se registrara a los trabajadores en el régimen de seguridad social, creando de esta manera el declive de la clase trabajadora. Fue así que, el Congreso de la Unión estableció una serie de requisitos para permitir el régimen de subcontratación, donde hubiera sido deseable que se estableciera el impedimento de subcontratar las labores del objeto social de la empresa, como ocurre en otros países; también, establecer un registro público de empresas subcontratistas sujetas a fiscalización y sanciones más eficaces en casos de abuso. El Congreso de la Unión aprobó, en su artículo 15 A, tres requisitos para admitir este régimen de contratación especial, a saber: la subcontratación no puede abarcar la totalidad de las actividades, debe justificarse por su carácter especializado y no puede comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se entenderá como patrón para todos los efectos de esta ley. En otro artículo, el 15D, se establece también que no se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales. Por otro lado, se sabe que las empresas defraudadoras hacen que los recursos que no son entregados a los trabajadores por reparto de utilidades sean convertidos en gigantescos bonos en su favor.[3]

En julio de 2015, Sinembargo.mx publica que el outsourcing creció el 48% en 10 años según el informe de censos económicos del INEGI, realizado en 2014, hay mayor personal ocupado, pero en empleos poco remunerados. Las grandes compañías llegan a tener hasta el 43.5 % de su personal contratado bajo este esquema laboral. Además, de que México ocupa los últimos lugares en generación de empleos en América Latina y ofrece los salarios más bajos en la región. En 2014, el universo de ocupados con ingresos superiores a tres salarios mínimos se contrajo en un millón 64 mil 515.[4]

El 15 de enero de 2020, se expuso en el informe presidencial matutino, por el procurador fiscal de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Romero Aranda, que habrá participación en el combate al Outsourcing ilegal, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para realizar investigaciones a empresas por defraudación fiscal. Al mismo tiempo, se anunció que las personas que presten este servicio ilegal pueden ser sancionados con prisión preventiva oficiosa y recibir hasta 20 años de prisión, al mismo tiempo a quienes contraten dichos servicios, pueden recibir hasta 14 años de condena. Estas medidas se aplicarán para acabar con las empresas factureras o de tercerización ilegal (subcontratación ilegal) quienes buscan evadir impuestos y no contribuir al SAT, a INFONAVIT y al IMSS. Dado que estas ilegalidades ponen en riesgo la seguridad financiera del país, es considerado delincuencia organizada.[5]

En el mismo informe del 15 de Enero, el Presidente Andrés Manuel anunció que los cambios realizados a la Ley Federal del Trabajo buscan acabar con la facturación falsa y acabar con los abusos de las empresas subcontratistas ilegales. Del mismo modo María Luisa Alcalde, Secretaria del Trabajo mencionó la creación de un grupo interinstitucional donde participan tanto la Secretaría del Trabajo, el IMSS el SAT y la UIF con tal de buscar la regulación que todo el tiempo se pospuso y permitió el crecimiento de dichas actividades ilegales estimándose ya más de 5 millones de trabajadores que se encuentran en el esquema de subcontratación.

Al mismo tiempo, Luisa Alcalde define la subcontratación ilegal como “aquella que traslada la plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales o de seguridad social, afectando gravemente a los trabajadores, a sus familias y fomentando la competencia desleal entre empresas que sí cumplen.”

Mencionó, además, que se estiman a más de 5 millones de empleados subcontratados y que las empresas subcontratistas ilegales evaden alrededor de 21 mil millones de pesos anuales. También menciona que la subcontratación abusiva precariza el trabajo, el mercado laboral, la estabilidad del empleo, el pago de reparto de utilidades, la antigüedad de los trabajadores, y con esto, el derecho de adquirir un crédito para una vivienda, aguinaldo, liquidaciones, jubilación, entre muchos otros derechos laborales. Se observó el subregistro en el seguro social (registran un pago menor en el seguro del que realmente hacen).

En ese mismo informe, el director del Seguro Social IMSS Zoé Robledo mencionó que en diciembre de 2019 se registraron a 14,553 empresas que dieron de baja a todo su personal, a toda la nómina y fueron empresas con más de 101 empleados. Estas acciones afectaron a más de 64 mil empleados en todo México. Robledo mencionó que el grupo de trabajo, expuesto por Luisa Alcalde, ya identificó un primer grupo de 1200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que le dan sustento a 860 mil trabajadores, por lo que se pretende llevar a cabo acciones de inspección y revisiones fiscales de las instituciones antes mencionadas. Entre los giros involucrados se encuentran: hotelería, servicios informáticos, call center, farmacéuticas, minería y producción de alimentos en donde ya se han realizado operativos. De siete operativos realizados se han detectado 36 empresas subcontratistas involucradas con una suma de 10 mil trabajadores subcontratados ilegalmente.

La participación de Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera es aún más interesante pues logra crear el engranaje adecuado para entender la operatividad de este crimen organizado. La generación de empresas fachada, facturación de operaciones simuladas y el outsourcing ilegal.[6]

La basificación de más de 170 mil plazas en la educación básica logradas en 2019 por el gobierno federal, además de la regularización administrativa de más de 220 mil más, http://www.ejecentral.com.mx/gobierno-basifica-a-mas-de-100-mil-maestros-en-primer-ano/ además de la creación de más de 10 mil plazas en el seguro social http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201910/452 así como las de nueva creación en la Guardia Nacional, PEMEX y otras instituciones genera mayor certidumbre laboral para ciertos sectores. Pero definitivamente el Outsourcing se ha metido hasta el tuétano en la clase trabajadora, donde uno debe “vender” su servicio profesional cobrando por honorarios haciendo que las empresas que reciben nuestros servicios no tengan ninguna responsabilidad con sus empleados. Esto sucede comúnmente con el sector educativo tanto público como privado, y será un tema bastante importante de desarrollar.

Finalmente, concluyo, que la lucha contra el outsourcing apenas comienza, y debemos estar muy atentos en las modificaciones que se hacen en la ley federal del trabajo, que a pesar de lo que la 4T pretende regular, las empresas y el gobierno han demostrado que es posible abusar del trabajador, por lo que es necesario trabajar en una ley laboral que siga obedeciendo a las necesidades de la clase obrera y deje de lejos las intenciones abusivas de los grandes corporativos y empresarios que sólo buscan enriquecer más sus bolsillos a costa de la depauperación laboral.

Ricardo Ortega

Twitter: @Clearko87

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[1] Véase en: https://www.excelsior.com.mx/2012/09/26/nacional/860991

[2] https://www.sinembargo.mx/29-07-2015/1430846

[3] https://www.jornada.com.mx/2013/07/27/opinion/013a1pol

[4] https://www.sinembargo.mx/29-07-2015/1430846

[5] https://aristeguinoticias.com/1501/mexico/outsourcing-ilegal-se-perseguira-como-delincuencia-organizada-procurador-fiscal/

[6] https://lopezobrador.org.mx/2020/01/15/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-235/